Jonathan Báez Valencia
La percepción de la captura del Estado en beneficio de unos pocos ha aumentado a niveles parecidos a los de 2006. Así lo perciben el 89% de los y las ecuatorianas en 2020. En efecto, casi 9 de cada 10 personas perciben que la política pública está siendo ejecutada para beneficiar a grupos poderosos que están ocupando estas posiciones de decisión. Dicha situación implica que, si las acciones estatales privilegian a este minoritario grupo social, se están dejando de lado las necesidades de las grandes mayorías. En palabras de. Castellani (2018):
(…) la pérdida de autonomía del Estado a la hora de formular e implementar políticas públicas a través de dos mecanismos principales: a) la captura regulatoria, cuando los sectores económicos sensibles a la regulación estatal toman el control de las instancias decisorias de gobierno y/o las agencias regulatorias, de forma directa (puerta giratoria de entrada) o indirecta (lobby), y b) la captura cultural, una forma mucho más difusa pero no por eso menos importante, por la cual las empresas se benefician de la acción de las agencias públicas porque los funcionarios comparten un mismo conjunto de creencias y visiones sobre el sector en cuestión, un ethos favorable al mercado (pág. 56).
Desde esta perspectiva, a partir de 2013 cuando se registra el menor valor se percibe este aumento que pasa de un 35% hasta el 89% de 2020, lo que implica un incremento de 54 puntos porcentuales en cuatro años. La disminución de esta proporción depende de las políticas gubernamentales, si estas continúan con esta trayectoria lo más probable es un incremento no solo del indicador, sino del malestar ciudadano, como ha ocurrido con los últimos paros nacionales. [1]
En ese sentido, con leyes enviadas a la Asamblea, como por ejemplo la última ley tributaria, en la que se vislumbra un ataque a las clases medias, a través de la presión con más impuestos. Una presión que no se replica con las élites económicas, pues no existen mecanismos dirigidos específicamente a cobrarles impuestos para solventar las secuelas de la pandemia -provocadas por beneficios a estos mismos grupos en detrimento de la población- y una posible reactivación social y económica. De esa manera, Philip Lane, economista en jefe del Banco Central Europeo propone “más impuestos a los ricos”, en especial a los productores de energía con onerosas ganancias debido al incremento de sus precios.[2] O la propuesta del gobierno español para gravar entre otros a los bancos para tener recursos que permitan invertir en programas sociales y paliar los altos costos de la vida.[3]
En efecto, considerando la baja presión tributaria de los megarricos en Ecuador con menos del 3,27%[4] es imprescindible articular esfuerzos para que los grupos poderosos no gobiernen para sus propios beneficios, por el contrario, el bien común es aquel que debe predominar, utilizando la herramienta tributaria como uno de los mecanismos. Una situación complicada en un gobierno liderado por un banquero con serias relaciones con los paraísos fiscales. Por lo tanto, no solo interpelar este proceso es necesario, sino la posibilidad de que estos grupos que capturan el gobierno para sus propios intereses, efectivamente logren hacerlo.
Gráfico 1. Percepción de que el país está gobernado por grupos poderosos para su propio beneficio 2004-2020
Fuente: CEPALStat
Elaboración: Propia
[1] https://www.jstor.org/stable/j.ctv1gm037d.11#metadata_info_tab_contents
[2] https://www.ft.com/content/5e1f616e-8cc4-4678-9bc7-3a6616742b07
[3] https://elpais.com/espana/2022-07-12/sanchez-anuncia-impuestos-a-electricas-y-banca-y-medidas-sociales-ante-el-golpe-de-la-inflacion.html
[4] https://coyunturauceiie.wordpress.com/2020/10/18/cuanto-pagan-por-impuestos-las-elites-economicas-en-ecuador/
UNIDAD DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS DE COYUNTURA 