Jhonny Jiménez J.
El 6 de junio, Margarita Hernández Superintendente de Economía Popular y Solidaria –SEPS- presentó a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional una serie de propuestas para reformar la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Actualmente denominada “Ley Trole 3”. En estas propuestas de reforma a la Ley todavía se mira a la economía popular y solidaria –EPS- como un sector de “pobres y para pobres” que debe estar anclada a grandes empresas para que éstas puedan desarrollarse, ya que estas por sí solas no pueden crecer.
Entre los planteamientos que la Superintendencia presentó se encuentran: “Generar incentivos especiales para encadenamientos productivos con la EPS e integración económica y financiera; Democratizar el uso de plataformas móviles de pago; regularizar la propiedad de los predios en las cooperativas de vivienda; Canalizar los recursos de vivienda de interés social de manera preferente a través del SFPS; Incluir incentivos para los actores de la EPS que participen en la cadena productiva de construcción de vivienda social”
Como se observa se propone que los actores de la EPS participen en encadenamientos productivos, para lo cual se plantea incentivos económicos, como la exoneración de impuesto a la renta por 15 años a las empresas que incluyan a los actores de la EPS en sus procesos productivos. Si bien, este planteamiento parece oportuno, al fomentar que los emprendimientos de EPS se apalanquen a través de medianas y grandes empresas, por una situación de arrastre o de cascada, es pertinente cuestionarse si es estas prácticas mejoraran sus condiciones.
Esta propuesta, por un lado, refuerza la idea de que el sector de la EPS es pequeño y que necesita de las grandes empresas para su fortalecimiento. De esa manera se asume que el sector carece de tecnología, de mercados y el capital, lo que les hace ineficientes en su inserción a los grandes mercados nacionales e internacionales. Hay que recordar, que en los mismos estudios gubernamentales, establece la importancia del sector: “existe alrededor de 645 entidades del Sector Financiero que presenta un saldo en activos de USD 12.851 millones. Además este sector tiene 6`441.997 socios… Mientras que el Sector Real de Economía Popular y Solidaria está compuesto por 13.027 organizaciones, que cuentan con USD. 605 millones en activos y, 376.572 socios registrados”[1]. En ese sentido, no es una economía pequeña, por el contrario es un sector fundamental que necesita del Estado su reconocimiento, implementando políticas públicas acordes con la importancia del sector.
La propuesta de que la EPS se encadene a las grandes empresas de capital, también llamados “negocios inclusivos” tiene el riesgo de que los emprendimientos solidarios pierdan su razón de ser, hay que recordar que la economía solidaria tiene como lógica la reproducción del trabajo (de la vida); de la redistribución de los ingresos y no la acumulación; la reciprocidad en el proceso económico; la complementariedad entre las personas y el medio ambiente; la participación democrática, entre otros principios. En cambio, las economías de capital tienen como racionalidad imperante la reproducción ampliada del capital, el mercado autorregulado; relaciones jerárquicas. Dos lógicas totalmente diferentes que, por los procesos de imposición, poder político y económico se corre el riego que la lógica capitalista termine imponiéndose a la de la EPS. Y fomentando prácticas de elusión tributaria.
Estos encadenamientos productivos han generado dependencia de las grandes empresas, en un primer momento las grandes empresas entregan a los pequeños campesinos semillas, capacitación y tecnología; en cambio los pequeños productores se comprometen con la empresa “inclusiva” a entregar su producción, bajo los parámetros establecidos por la misma empresa. Algunos de esos parámetros son perjudiciales a los pequeños productores, por ejemplo, el caso de los productores de maíz y leche del Ecuador.
Si se quiere promover un sistema social y solidario como demanda la Constitución, se debería establecer medidas adecuadas para que los factores de la producción que llegan a la economía solidaria mejoren su calidad, al igual que lo han hecho históricamente con las grandes empresas. El Estado ha implementado políticas públicas dirigidas a mejorar la capacidad de producción de las grandes empresas, a través de líneas de crédito, subsidios en servicios públicos o disminución de aranceles. Esto no pasa en la misma medida con las políticas dirigidas a la economía solidaria. En ese sentido, la misma propuesta de Ley que se acaba de aprobar sigue subsidiando a las grandes empresas a través de la moratoria tributaria.
Para el fomento de un sistema económico social y solidario es necesario procesos de producción, comercialización-distribución y consumo diferentes a la economía convencional que promuevan desde los territorios circuitos económicos solidarios, uno de los planteamientos del Instituto de Economía Popular y Solidaria es que se generen procesos de autonomía – soberanía productiva y que aporten al desarrollo local microterritorial.
Una de las alternativas es generar nuevos mercados nacionales e internacionales con un enfoque del Comercio Justo: ferias solidarias, bio-ferias, tienda y supermercados solidarios; mejorar la capacidad de producción solidaria, al mismo tiempo que la calidad a los factores de la producción, enfocándose en la reproducción del trabajo y la asociatividad; promover líneas de crédito a través de las cooperativas de ahorro y crédito principalmente de los segmentos 4 y 5; promover el consumo solidario a través de campañas de sensibilización en los medios de información masiva; es necesario facilitar el acceso e integración de las formas organizativas solidarias a través de trámites y sencillos y ágiles.
Las instituciones educativas deben incluir en su pénsum educativo la formación en economía solidaria, además implementar programas de consumo saludable y responsable; implementar procesos académicos interdisciplinarios de investigación; crear en las universidades incubadoras para apoyar a los emprendimientos populares y solidarios en la generación de capacidades productivas.
Es necesario que el sector público cambie la visión al sector de la economía solidaria, como manifiestan las organizaciones de economía solidaria: no se debe tratar como pobres – implementando una agenda con una visión de vulnerables desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, sino como un sector productivo – económico que aporta significativamente al desarrollo del país.
[1] http://www.seps.gob.ec/es/web/guest/noticia?seps-presento-propuestas-al-proyecto-de-ley-para-el-fomento-productivo
UNIDAD DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS DE COYUNTURA 
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