Mejor eliminemos el subsidio a la riqueza: es más alto que el de los combustibles

Jonathan Báez Valencia

Nuevo Ecuador, Viejas recetas. La eliminación de los subsidios a los combustibles nuevamente es la única medida de política económica, no para solventar las escuetas finanzas públicas (mermadas por auto emboscadas de los propios gobiernos, dirigidas en especial a recortar impuestos a la riqueza o eximirles de ellos) y sí para trasladar el dinero del bolsillo de las personas de las clases vulnerables y medias a las clases ricas del país, hoy sentadas en el Estado. En este contexto, el debate trata de direccionarse hacia los impactos del retiro de los subsidios a las gasolinas, sus efectos, sus implicaciones, sus afectados y sus beneficiarios. Cuando lo pertinente es preguntarse por los subsidios a la riqueza, que son más altos que los de los combustibles.

Como no es algo nuevo, en el año 2020 un análisis sobre los subsidios a la riqueza permite mostrar que estos se dan, entre otros, con la parte tributaria o de impuestos. De esa forma, no controlar la evasión del impuesto a la renta -tanto de sociedades (empresas) como personas naturales- le cuesta al Estado 2 300 millones de dólares, según el último disponible en la CEPAL en 2004.[1] Una cifra lejana pero que ilustra esta especie de subsidio que el Estado le da a la élite empresarial, pues no todo el sector privado utiliza estas artimañas para no cumplir con su parte, pues el costo de realizarlo no podrá ser solventado por un micro, o pequeño empresario.

Una cifra más actual la presenta el gasto tributario que representa todos los impuestos a la renta que el Estado deja de percibir y que beneficia a los más ricos. En efecto, el informe del año 2022 sobre gasto tributario[2] muestra que las personas que ganan más de 32 mil dólares al y hasta 39 millones de dólares al año no pagan 372 millones de dólares. Por otro lado, las empresas dedicadas al sector financiero y de comercio, suman otros 359 millones de dólares en impuestos perdidos. Si sumamos ambos impuestos no pagados, el Estado pierde 731 millones de dólares; una cifra superior al subsidio a los combustibles que, según la viceministra de economía asciende a 644 millones de dólares.[3] Como no existe una desagregación por los tamaños de empresas, se puede financiar todo el subsidio a los combustibles y dejar 87 millones de dólares para mantener el gasto tributario de las empresas en los sectores antes mencionados que correspondan a los micro, pequeños e incluso medianas empresas.

Una operación que es muy poco probable que tome el gobierno actual, considerando que el conjunto de las decisiones públicas está tomado por aquellos que quieren fomentar un traslado de dinero de los más vulnerables y la clase media hacia los más ricos y no lo contrario. La eliminación de los subsidios a los combustibles es un capítulo más de este proceso, al que se suma la eliminación de los impuestos a la riqueza con la primera ley tributaria del presidente Noboa en el que hizo una serie de exenciones del pago de impuestos por zonas francas, a las que micro y pequeños empresarios no van a lograr acceder, solo la élite. Y si este grupo deja de pagar, alguien lo debe hacer. De esa forma, la segunda ley tributaria no aumentó el IVA, lo que afecta a las grandes mayorías.

Desde esta perspectiva, aún más improbable es un impuesto a los más ricos del país. Un grupo que, por cierto, paga bajísimos impuestos. Un análisis de la CEPAL muestra que del total de sus ingresos la élite paga el 3,4%, cuando el promedio de América Latina es el 4,8% y el de la Unión Europea es del 21%.[4] Queremos ser un país “desarrollado”, hay que desarrollar impuestos a los más ricos, hay que quitarles sus subsidios, los subsidios a la riqueza.