Wilson Flores Herrera
Jonathan Báez Valencia
Introducción
Una de las mesas de negociaciones está destinada a resolver las demandas en torno al trabajo. Las últimas cifras de junio 2022 señalan que el empleo adecuado habría aumentado en aproximadamente tres puntos porcentuales, al compararlo con junio de 2021 (pasa de 31,3% al 34%) según cifras de la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo -ENEMDU-. Esto significa que aproximadamente 302 mil personas han pasado a tener un empleo adecuado. En efecto, esa cifra es utilizada por el gobierno para indicar una mejoría para la clase trabajadora, razón por la cual es inaceptable su crítica. No obstante, el dato presentado alude específicamente al número de personas que obtienen un ingreso más alto que el Salario Básico Unificado y que trabajaron más de 40 horas[1]. Desde esa perspectiva, poco o nada se dice de la estabilidad de la clase trabajadora o si esta goza de todos los derechos laborales. Por tanto, es necesario incorporar estas dimensiones al análisis de la situación de los y las trabajadores del Ecuador. De esa manera, a partir de la estimación de un índice se observa que la precariedad ha aumentado en el país y se recrudece: si en 2017 la precariedad extrema atacaba al 24% del total de la clase trabajadora asalariada, a 2021 esta alcanza al 31% y a junio de 2022 parece marcar una tendencia ascendente con un 32%. Eso implica que, en el gobierno del presidente Lasso, se ha convertido en la “norma laboral”. Inclusive, el ministro de trabajo en mayo de este año, en una reunión con empresarios en Cuenca, socializó la propuesta de reforma laboral que busca, según dijo “crear confianza para que los empresarios inviertan” si pierden el miedo a contratar.
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