Iván Fernández
Como es conocido, América Latina presenta un conjunto de problemas o vulnerabilidades que son de carácter histórico – estructural, es decir que tienen su origen en un estilo de desarrollo que históricamente se ha mantenido con pocos cambios o modificaciones y se han enraizado una serie de desequilibrios en sus estructuras tanto económicas como políticas, sociales y culturales. A su vez, la coyuntura de los últimos dos años y en particular de fines del 2019, ha evidenciado con mayor fuerza dichos problemas estructurales, pero también han aparecido nuevos problemas, sobre los cuales es importante debatir para encontrar alternativas para un desarrollo con equidad e inclusión social. Según la CEPAL, durante el 2019 la región apenas creció 0.1% y para el 2020 se estima un 1.3%, es decir se trata de una economía estancada, la pobreza a nivel regional creció al 30.8% y la desigualdad social disminuye a ritmos más lentos.[1] En el contexto internacional se mantendrán las turbulencias por las disputas comerciales entre EE.UU. y China promovidas por Donald Trump, así como la ralentización de la economía de la potencia asiática y los efectos impredecibles del “coronavirus” que puede terminar afectando las importaciones y exportaciones chinas y con ello la economía regional y mundial.
LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES
El principal problema que persiste en la región es el MODELO DE DESARROLLO EXTRATCTIVISTA – EXPORTADOR. Se trata de la vigencia de una matriz productiva o patrón de acumulación capitalista, sustentado básicamente en las exportaciones de recursos naturales y materias primas, lo cual ha llevado a las economías de los países de la América Latina a una alta dependencia de la demanda del mercado mundial, tanto en monto como en el precio de dichas materias primas, y por ello a permanentes ciclos cortos de auge económico y luego a prolongadas crisis y recesiones con graves efectos sociales y políticos.
Como bien se afirma en la Revista de la CEPAL:
Entre los siglos XVI y XIX, los países de América del Sur fueron explotados como colonias españolas y portuguesas, cuya finalidad principal era proveer a los mercados extranjeros de productos agrícolas y mineros. El papel impuesto a estas colonias limitó el desarrollo de la actividad industrial, haciendo de ellas economías vendedoras de materias primas y compradoras de productos industrializados originados en las metrópolis de la época (Baer, 2008; Furtado, 1989). Esta, claramente, era la división internacional del trabajo que existía entonces. Ya como países independientes, durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, los países sudamericanos continuaron desarrollando la minería y la actividad agropecuaria como actividades principales. Además de vender dichos productos a los mercados extranjeros, destinaban una parte a satisfacer la mayor demanda interna derivada de una incipiente agro industrialización. Sin embargo, esas actividades fueron conducidas directa o indirectamente por el capital extranjero, especialmente de origen inglés. El dinamismo productivo estaba determinado por empresas transnacionales propietarias de minas, que también controlaban el comercio internacional, tanto de productos agrícolas como de productos mineros. Esta situación continúa incluso en la actualidad.
La década de 2000 se ha caracterizado como una nueva fase pos neoliberal. Una vez más, el capital extranjero ha invertido en América del Sur, tanto para producir materias primas destinadas principalmente a la exportación como para viabilizar esas exportaciones mediante mejoras en la infraestructura. Una proporción significativa del PIB y de las exportaciones de estos países continúa basándose en productos primarios. Según datos de Belloni y Wainer (2014, pág. 106), esos productos representaron al menos el 68,8% de las exportaciones argentinas de 2001 a 2011. En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, el Brasil, Chile, Colombia, el Ecuador, el Paraguay, el Perú, el Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela estos porcentajes fueron, respectivamente, el 88,7%, el 44,9%, el 80,5%, el 69%, el 91,8%, el 93,1%, el 70,5%, el 79,4% y el 83,7%. Mientras en Chile, el Perú y Colombia se optó por una mayor apertura a los capitales extranjeros para la explotación de los recursos naturales, que antes estaban en manos del Estado, en el Brasil, la Argentina y el Uruguay se optó por la propiedad estatal, pero se permitió la participación de capital extranjero en la producción agropecuaria y se otorgaron concesiones para la explotación de hidrocarburos y productos mineros.[2]
Este modelo extractivista genera al interior de la estructura económica de los países de la región un problema de heterogeneidad estructural que consiste básicamente en diferencias de productividad entre distintos sectores y dentro de cada uno ellos. Como tendencia general la mayor concentración del empleo se da en sectores de muy baja productividad, en la denominada economía informal, donde se refugia cerca del 50% de la PEA en condiciones de subempleo. Se trata pues, de un típico desarrollo desigual con determinadas formas de colonialismo interno, en especial entre los sectores urbanos y rurales.
De esta realidad se desprende el segundo problema estructural de la región que es la DEPENDENCIA, que no es solo de la demanda externa y de los precios de las exportaciones, sino que se trata de una dependencia estructural, en el sentido de que la dinámica del crecimiento económico no está auto sustentada en la propia economía o los mercados internos, sino que dependemos de la dinámica de la economía mundial. Pero, a su vez, esta dependencia se vuelve estructural porque necesitamos de inversiones de capital y de tecnología, que no disponemos, de la importación de maquinaria (tecnología) y materias primas para nuestra débil industria, de los organismos multilaterales de crédito, para financiar los permanentes déficits fiscales, y dependemos también de las disputas de la geopolítica internacional.
La dependencia estructural de la región frente a las economías capitalistas centrales ha llevado a que las sociedades latinoamericanas atraviesen por períodos de auge, cuando crecen los precios de las materias primas (el último y más importante fue entre el 2010 a 2014 cuando el precio del petróleo rebaso los $100), y de profundas crisis estructurales cuando cae la demanda externa y los precios de los “commodities”, como sucedió en la llamada “década perdida” de 1980, luego entre 2008 y 2009 por la crisis económica internacional y ahora, nuevamente entre 2014 y 2020 con la caída de las exportaciones en toda la región.
A propósito de los efectos en América Latina de la crisis económica internacional 2008 – 2009, en una importante publicación de la UNESCO del proyecto “Repensar América Latina” (2011), de la Oficina Regional de Ciencia para A.L. y el C. se dice la siguiente:
En general en todos los países (de A.L.C.) los principales impactos económicos fueron la caída de los precios de las exportaciones, la caída del producto interno bruto, caída en los términos de intercambio, caída de las remesas, dificultad en el acceso al crédito, menor inversión y menor ayuda al desarrollo dirigida a la región, más proteccionismo económico en los países receptores de nuestras exportaciones y mayores asimetrías entre los países de América Latina y el caribe.
Entre sus principales efectos sociales estuvieron una mayor dificultad de reducción de la pobreza, dificultades para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio en el tiempo acordado, profundización de la desigualdad y aumento del desempleo. Así mismo el proceso de recuperación social tardará más tiempo que la recuperación económica, esta última no posibilitará recuperar los índices que se tenían antes de la crisis.
Finalmente, entre los impactos políticos se pueden citar la existencia de mayores demandas sobre los Estados (en un contexto de menor posibilidad de respuesta de estos), tensionamiento a los sistemas políticos, dificultades en el Estado de Derecho y problemas con la gobernabilidad democrática.[3]
Después del auge de los precios de las materias primas desde el año 2000 a 2007 y entre 2010 y 2014, por la alta demanda de los países emergentes, en especial de la China y la India, a partir del 2015 las economías de los BRICS comienzan a disminuir su ritmo de crecimiento, se inicia la guerra comercial de EE.UU. contra China, hay un estancamiento de la economía de la Unión Europea y nuevamente se produce una caída de la demanda y de los precios de los “commodities” que exporta América Latina. La dependencia de las exportaciones generará casi idénticos problemas que la crisis 2008 -2009, produciéndose en los últimos cinco años (2015 – 2019), una caída de las tasas de crecimiento, incremento de la deuda externa, crecientes déficits fiscales en todos los países de la región, con los consabidos impactos sociales de crecimiento de la pobreza y extrema pobreza, de la desigualdad social y crisis de gobernabilidad por la insurgencia de los movimientos sociales que, al ver incumplidas sus expectativas, se manifestaron de manera violenta durante el último trimestre del 2019 como fueron los casos de Haití, Ecuador, Chile, Colombia, a lo cual hay que agregar la crisis política en Bolivia.
El tercer problema que tiene América Latina es la DESIGUALDAD SOCIAL. Este es un problema histórico – estructural de la región, está en el ADN de nuestras sociedades, pues, hay que considerar el hecho de que, en general en América Latina existe una cultura del privilegio muy arraigada. Es decir, hay un conjunto de factores sociológicos, culturales, sociales y de dominación, tanto históricos como contemporáneos, que acentúan la diferenciación y la desigualdad social. Al respecto, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), dice en su último informe:
La cultura del privilegio opera como un sustrato profundo en que se cimienta y reproduce la desigualdad en América Latina y el Caribe. Su génesis es indiscernible de la conquista y la colonización, por medio de las cuales se sometió a poblaciones indígenas a trabajos forzados y a personas afrodescendientes a la esclavitud, se expropiaron los bienes y riquezas de los pueblos originarios, se prohibieron sus creencias y valores, se les aplicó un maltrato sistemático y se les negó todo estatuto de ciudadanía. Esta cultura de la negación del otro fue concomitante con privilegios económicos, políticos y sociales vinculados a diferencias adscriptivas y semi adscriptivas: condición étnico-racial, género, origen, cultura, lengua y religión.
Constituye, a su vez, la base histórica de la cultura del privilegio que, con distintas expresiones y rangos, se perpetúa hasta hoy. La negación del otro no solo se aplicó a personas indígenas y afrodescendientes durante la época de la colonia, sino también a mestizos, zambos y mujeres y, cuando ya se habían creado las repúblicas, se extendió a inmigrantes, campesinos, analfabetos, habitantes de tugurios y trabajadores domésticos. La colonización estableció esta marca de dominio mediante la cual el que impone la diferencia se yergue, al mismo tiempo, en juez que jerarquiza la diferencia: conquistador, colonizador, criollo, hacendado, figura conspicua, aristócrata, político.[4]
En el contexto de esta matriz socio cultural se entiende la exclusión social, la desigualdad y la pobreza a las que han sido sometidas las clases pobres o dominadas, mientras las clases privilegiadas, los grupos dominantes, las élites del poder poseen los instrumentos o mecanismos para apoderase de la mayor parte de la riqueza social y gozar de mejores condiciones de vida.
El problema persiste hasta la actualidad y tiende a agravarse pues, en el último informe del Panorama Social de América Latina 2019, de la CEPAL se plantea que, aunque se ha avanzado en los últimos 15 años, ALC sigue siendo la región más desigual del mundo, incluso por arriba de África Subsahariana.
Gráfico 1. América Latina (18 países) Índice de desigualdad de Gini, 2002-2017.
Fuente: Panorama Social de América Latina 2018
El estudio busca analizar los niveles de pobreza y desigualdad en diferentes regiones del continente a través de la recopilación de la información más relevante de cinco rubros distintos: desigualdades socioeconómicas, tendencias recientes y de largo plazo de la pobreza, gasto social, desafíos estructurales de la inclusión y el mercado de trabajo, y la autonomía económica de las mujeres ante los cambios en el mercado laboral.
Estos son algunos de los resultados más relevantes del estudio:
- América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, se posiciona sobre África Subsahariana y presenta una desigualdad entre ciudadanos casi un tercio superior a la de Europa.
- Desde 2015 aumenta la pobreza extrema y se proyecta un recrudecimiento en 2019. La pobreza rural es de 45.2%, 18 puntos más que la urbana.
- La pobreza en pueblos indígenas y afrodescendientes es del 48.8%.
- En América Latina y el Caribe la pobreza es más marcada en grupos jóvenes. La tasa de pobreza de niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años es 19 puntos más alta que la de personas entre 35 y 44 años, y 31 puntos más alta que la de las personas de 65 años y más.
- Si el ritmo observado entre 2008 y 2017 se mantiene constante, para 2030, 10 países de la región habrán reducido su nivel de pobreza extrema en un 3% y 11 países podrían reducir la pobreza a la mitad.
- Aunque en las últimas décadas la región ha avanzado en ámbitos de inclusión social, en promedio el 40% de su población empleada cuenta con un ingreso inferior al salario mínimo.
- En América Latina aún existe una diferencia entre la participación de las mujeres en trabajos remunerados con respecto a la de los hombres: 50.2% y 74.4%, respectivamente, en 2017.
- El promedio del gasto social per cápita del Gobierno en los países de América Latina prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, llegando a un promedio 894 dólares.
- Se debe crecer, pero con alta o fuerte redistribución del ingreso para reducir la pobreza. Reducir la desigualdad es clave para reducir la pobreza.
- 7% de la PEA no está afiliada o no cotiza a un sistema de pensiones y el 52.7% de los estratos medios.
- Para cumplir con la Agenda 2030 es ineludible crecer, políticas redistributivas y reducir la pobreza.[5]
A estos problemas estructurales antes indicados se debe agregar un cuarto relacionado con la dimensión política de la región: la DEBIL INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA. Tema que tiene relación con la vigencia histórica de modelos de dominación oligárquicos en los diferentes países de la región, la debilidad o inexistencia de partidos políticos sólidos y autónomos de grupos de poder, la incapacidad de ejecutar políticas públicas inclusivas que llevó a la emergencia del populismo y la corrupción en la mayoría de países, lo cual ha llevado a afirmar que en América Latina lo que existe son democracias restringidas con serios problemas de gobernabilidad.
Los recientes acontecimientos sucedidos en el último trimestre del 2019 en Haití, Ecuador, Chile y Colombia de una emergencia de la protesta social por demandas sociales incumplidas, no solo tienen su principal causa en la desigualdad social sino en la exclusión de grandes sectores sociales de los beneficios del desarrollo. El Estado se ha visto rebasado en su capacidad de ejecutor de políticas sociales inclusivas y las democracias formales no ofrecieron los espacios adecuados para procesar las demandas sociales o promover un diálogo inclusivo. En todos los casos la protesta social fue respondida con represión y con un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las instituciones encargadas de mantener el orden. La Alta Comisionada de la Naciones Unidas hizo llamados de atención a los gobiernos de Ecuador, Chile, Venezuela y Bolivia, así como el Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por el uso desproporcionado de la fuerza en la represión por parte de la policía y las Fuerzas Armadas.
La democracia moderna como forma de gobierno, un Estado plenamente institucionalizado con la correspondiente separación de poderes y un sistema político sustentado en partidos políticos consolidados son tareas que están por lograrse en América Latina. La corrupción, las mafias organizadas, las ofertas populistas fáciles son problemas que socaban un orden democrático e impiden que los pueblos puedan participar de las decisiones de políticas públicas y esto ha llevado a una alta conflictividad social.
Un quinto problema estructural es la permanencia de una DIVERSIDAD CULTURAL CON EXCLUSIÓN SOCIAL. Nacida desde el momento mismo del encuentro entre los conquistadores europeos y los pueblos originarios, más tarde la importación de esclavos africanos y luego corrientes migratorias de chinos, libaneses y otras nacionalidades, lentamente se conformó en América Latina y El Caribe una sociedad con una riqueza y diversidad cultural extraordinarias. Lamentablemente esa diversidad cultural no ha ido acompañada de políticas interculturales con inclusión social, todo lo contrario, los pueblos afrodescendientes e indígenas continúan excluidos de los beneficios del desarrollo y son víctimas de las condiciones de pobreza, insalubridad, analfabetismo y marginalidad. Las poblaciones urbanas, mayoritariamente mestizas, también viven problemas de desintegración, violencia familiar y tráfico de personas. Es importante definir políticas interculturales de incorporación positiva para esos pueblos que conforman un crisol humano de ricas culturas.
A estos cinco grandes problemas estructurales se unen un conjunto de problemas coyunturales, que han emergido con fuerza en los últimos años y que también se han constituido en serios obstáculos al desarrollo y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), aprobados por las Naciones Unidas y que constituye la Agenda 2030 que todos debemos impulsar.
Las movilizaciones sociales durante todo el 2019 en la mayoría de países de la región dejan un sabor de malestar con las democracias vigentes, se evidencia una crisis de representación política, la desafección ciudadana y desconfianza en las instituciones, en los partidos políticos y en las élites dirigentes. Hay un escenario de incertidumbre sobre el futuro, particularmente de los jóvenes que aparecieron con inusitada fuerza en los últimos movimientos sociales de América Latina y El Caribe. En este contexto, entre los principales problemas coyunturales (algunos tienen origen histórico, pero hoy han emergido con mayor fuerza), podemos anotar al menos los siguientes:
- Crisis migratoria (triangulo norte de Centroamérica + México. Venezuela y los movimientos intrarregionales). Este es un tema que ha tomado fuerza en los últimos años en las dos direcciones anotadas. La crisis económica de los países centroamericanos, con el consiguiente incremento de la pobreza y el desempleo, más el tema del narco, han llevado a que se produzcan grandes caravanas de migrantes tratando de cruzar la frontera de EE. UU. en busca de empleo y mejores condiciones de vida. A estas circunstancias se suma la crisis de económica, social y política de Venezuela que ha terminado expulsando a cerca de cuatro millones de venezolanos a los países de la región, en particular a Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina. El tema de las migraciones y sus complejas causas merece una reflexión colectiva que permita profundizar en políticas y asistencia técnica y financiera para atender a estas masas de desplazados.
- Desafíos ecológicos y cambio climático: la crisis ambiental, el manejo de las reservas de biosfera reconocidas por la UNESCO, la desaparición acelerada de los glaciares, los incendios en la cuenca amazónica, la contaminación urbana y la ampliación de la minería, que ha generado conflictos con poblaciones indígenas, son algunos temas sobre los que se debe incentivar un amplio diálogo para encontrar soluciones viables.
- Movimientos sociales juveniles: la estructura demográfica de la región muestra dos tendencias: una creciente base social de la PEA en edad de trabajar, particularmente del segmento de jóvenes (bono demográfico), y un incremento de la población de adultos mayores en edad de jubilación (mayores de 65 años). Por las circunstancias del modelo de desarrollo que ha seguido la región, las constantes crisis económicas por la dependencia de las exportaciones y la desigualdad social y la pobreza, los jóvenes se encuentran en una grave encrucijada, pues sufren las consecuencias de la exclusión social y el desempleo. En el reciente Encuentro de la Juventud promovido por el Banco Mundial en el mes de diciembre de 2019 en Washington, los jóvenes latinoamericanos plantearon demandas como “la falta de participación política, la falta de igualdad de oportunidades, la mala calidad de los servicios públicos en educación, salud y seguridad, la fragilidad institucional, el problema de la corrupción, la ausencia de políticas públicas de juventud de Estado pues cambian con cada gobierno, el desempleo juvenil y su legítimo derecho a una mejor calidad de vida”[6]. Estos aspectos constituyen la base para debatir una agenda de la juventud con miras a los Objetivos de desarrollo Sostenible.
- Equidad de género: es innegable que las mujeres del mundo y la región se han visto afectadas por desventajas en su participación en el empleo, por menores roles y salarios, por limitaciones o falta de espacios de participación social y procesamiento de sus demandas, el incremento de la violencia familiar y del número de femicidios. La búsqueda de políticas de desarrollo con equidad de género es un tema de actualidad que no se puede soslayar.
- Incorporación Activa a la Revolución 4.0 – Científico Tecnológica: la cuarta revolución industrial en marcha está transformando la sociedad a nivel global. El cambio científico tecnológico es a la vez un cambio civilizatorio. La revolución del internet, el acceso a redes sociales donde se manipula la información, la inteligencia artificial, la biotecnología, los teléfonos inteligentes, la microelectrónica aplicada a todos los aspectos de la vida cotidiana han modificado la sociedad contemporánea e incluso los modelos educativos tradicionales. En América Latina y El Caribe, por su atraso tecnológico histórico, somos meros consumidores pasivos de los nuevos productos que nos ofrece la llamada revolución 4.0 sin ninguna capacidad para entra a competir en esta nueva estructura productiva global. Todo ello obliga a buscar mecanismos para incentivar la investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, las claves de desarrollo actual. Hay que transformar el modelo educativo tradicional del siglo XX, memorístico y compartamentalizado, todavía vigente, por una educación con las tecnologías modernas interactivas. Cambiar el modelo de empresas y de negocios en función de las demandas de la globalización.
Estos son temas para un diálogo con visión de futuro absolutamente necesarios al inicio de la tercera década del siglo XXI.
[1] “La desigualdad de ingresos, medida por el índice de Gini (promedio de 15 países de América Latina) se redujo de 0,538 en 2002 a 0,477 en 2014 y a 0,469 en 2017, y luego llegó a 0,465 en 20183. Así, este indicador disminuyó un 13,6% en 16 años, es decir, un 0,9% por año. Esta reducción se ha producido a un ritmo decreciente: la variación promedio observada entre 2002 y 2014 fue del 1,0% anual, mientras que la registrada entre 2014 y 2018 correspondió a un 0,6% anual” Ver: Panorama Social de América Latina 2019. CEPAL.
[2] Revista de la CEPAL N° 129 • diciembre de 2019. Participación de los sectores agropecuario y de hidrocarburos y minería en el producto interno bruto (PIB) de los países de América del Sur entre 1960 y 2014; Pedro Henrique de Abreu Paiva y Carlos José Caetano Bacha. Santiago de Chile.
[3] UNESCO; Proyecto Repensar América Latina; Francisco Rojas Aravena y Andrea Álvarez-Marín; América Latina y el Caribe: Globalización y Conocimiento. Repensar las Ciencias Sociales. Tomo 1; Introducción. Oficina Regional de Ciencia para A.L.C. Montevideo, Utuguay.2011. pág. 16.
[4] CEPAL; La Ineficiencia de la Desigualdad. Trigésimo séptimo período de sesiones de la CEPAL. La Habana, 7-11 de mayo de 2018. Naciones Unidas, Santiago de Chile. Pág. 29-30.
[5] Panorama Social de América Latina 2019. Informe de presentación. www.cepal.panoramasocial 2019.
[6] www.elpais, 9-01-2020.